Proponen nuevo formato para el duelo de la Supercopa entre Colo Colo y la U

El escándalo del convenio entre la fundación Democracia Viva y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones, sigue escalando tras la revelación de más de 10 mil páginas de antecedentes investigativos. Entre ellos, se encuentran mensajes de WhatsApp que cuestionan las declaraciones públicas de la diputada Catalina Pérez (RD), quien ha negado conocer los detalles del acuerdo.

En una conversación fechada el 16 de junio, Daniel Andrade, exlíder de Revolución Democrática y pareja de Pérez en ese entonces, expresó a Edson Dettoni, secretario ejecutivo del partido:

Daniel Andrade (D.A): "Ha sido un calvario la wea. Yo lo he pasado súper mal, pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez, por la wea. Bueno, está demás decir que tiene que haber silencio total, no vaya (sic) a ser que la wea se filtre por nuestro lado. Y si quieres hablar o dar consejo de esta wea, estaría súper agradecido."

Ese mismo día, Catalina Pérez inició una conversación con Dettoni sobre la declaración del partido:

Catalina Pérez (C.P): "Leo esto y pienso que tb (también) tengo que enviar antecedentes."
Edson Dettoni (E.D): "Tú no."
C.P: "Soy una afiliada involucrada."
E.D: "No hay indicio alguno de que sea así."
C.P: "Pero si la nota que envían me involucre pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado."
E.D: "Pero si poníamos los nombres de Carlos (Contreras) y Daniel (Andrade), los exponía demasiado a ellos también, y entiendo que tú también quieres que ellos estén cuidados. Fue lo último que me dijiste antes de salir de la sala de la DN."

En los días posteriores, Andrade y Dettoni discutieron cómo manejar la crisis mediática:

Edson Dettoni (E.D): "¿Por qué servicios se pagan 400m? Como equivalente, 3 farmacias municipales te cuestan eso."
Daniel Andrade (D.A): "Es un convenio por 16 meses, entonces igual hay sueldos por cada mes y hay construcción de infraestructura liviana. Postes de luz, elementos sanitarios, la Puli tiene los detalles de todo y el Serviu igual. Somos la fundación más avanzada de todas las fundaciones. Y toda esta parte está súper respaldada."
E.D: "¿Por qué no se licitó? En términos de compras públicas, creo que es lo que más urge tener claridad."
D.A: "Te voy a decir lo que yo entendí [...] Al ser entidades sin fines de lucro, se les da funciones del Estado porque necesitan que las hagan más rápidas que el Estado. Que no tengan la carga burocrática, pero tenemos que rendir todo. Antes era más discrecional aún."

Otro punto crítico fue el intento de ocultar información. Una conversación entre Carlos Contreras y Paloma Larraín, integrante del equipo de Catalina Pérez, muestra el uso de aplicaciones más seguras:

Carlos Contreras (C.C): "Ahí tienes ejemplo de otra fundación."
Paloma Larraín (P.L): "Yaaa, vale."
C.C: "Me avisas y borro."
P.L: "Todo ok, borra no más. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos trasladar para allá esta conversación."
C.C: "Ya, la instalo."

En otro intercambio, Andrade y Dettoni discutieron sobre borrar evidencias digitales:

Daniel Andrade (D.A): "Oye, revisé correo y WhatsApp y cosas, y no pillé nada 'sospechoso'. ¿Qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado?"
Edson Dettoni (E.D): "Eventualmente, les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario. Todo lo que se pierda o se borre, levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas."
D.A: "Yap. No hay nada de eso por mi lado. Entiendo que Carlos tiene, por su lado, los antecedentes para justificar que lo segundo no ocurrió."
E.D: "De las fotos del IG (Instagram), ¿ya le pegaste una revisada larga? Que te deben estar buscando hasta en el cajón de calcetines."
D.A: "No, está cerrado ya."
E.D: "Yo todavía puedo verlo. Le voy a pegar una mirada igual."
D.A: "Sipo, si tú eres mi amigo."
E.D: "Ya, solo encontré un tema que puede ser delicado, porque el tema involucra platas también (adjunta link de Instagram)."
D.A: "Te cacho."

Estas conversaciones, contenidas en más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa, son clave en el caso que podría derivar en acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, complicando la situación de Catalina Pérez y otros involucrados.

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