En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
Este martes, la Cámara de Diputados se reunió para debatir la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. La polémica surgió a raíz de la revelación de conversaciones entre Matus y el abogado Luis Hermosilla, a pesar de que el ministro había negado haber mantenido dichos diálogos. Ante esto, la acusación se centraba en tres aspectos principales: la inhabilidad de Matus al tener vínculos con Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, así como su falta de veracidad y pérdida de imparcialidad. Sin embargo, tras más de dos horas de discusión en el Hemiciclo, la iniciativa fue rechazada con un resultado de 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. Asimismo, durante la sesión Matus defendió su postura, aclarando que nunca negó haber conversado con Hermosilla. Afirmó que la confusión se debía a un error de su parte sobre la existencia de ciertos chats, y subrayó:No tengo íntima amistad con el abogado Hermosilla. La íntima amistad implica una relación de cercanía familiar, que no existe entre nosotros. Finalmente, el debate sobre la acusación constitucional se torna relevante en un contexto donde la transparencia y la imparcialidad judicial son temas candentes en la política chilena, destacando las tensiones entre el poder judicial y el legislativo.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, quien ya había sido destituida por el pleno del máximo tribunal chileno. Con 131 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, el libelo aprobado busca inhabilitar a Vivanco de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Este es el segundo proceso que enfrenta Vivanco en el Congreso. La semana pasada, el mismo cuerpo legislativo había aprobado una primera acusación, impulsada por el oficialismo, que también involucraba al juez Sergio Muñoz. Aunque ambas acusaciones podrían tener consecuencias similares, la reciente remoción de Vivanco por parte de la Corte Suprema deja como única sanción la prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro. El caso ha generado gran polémica, particularmente por las revelaciones que la vinculan con el abogado Hermosilla. Según los diputados, Vivanco habría compartido información sensible sobre casos relacionados con Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba en el Ministerio del Interior. Además, se le acusa de haber colaborado con él para influir en el nombramiento de miembros de la Corte Suprema y de recibir recomendaciones para la organización de una sala en la corte. Asimismo, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la denominada trama Muñeca Bielorrusa, un conflicto que involucra a Codelco y una empresa extranjera.
La Cámara de Diputadas y Diputados votará este lunes la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, tras ser impulsada por las bancadas del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC). El documento, compuesto por cuatro capítulos, señala a Vivanco por un presuntonotable abandono de deberes y por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, actualmente imputado por delitos tributarios. Ante esto, el primer capítulo de la acusación sostiene que la exministra habría entregado información sobre causas relacionadas con Carabineros y Fuerzas Armadas antes de la firma y notificación de las sentencias. El segundo capítulo profundiza en la relación con Hermosilla, a quien Vivanco habría acudido para facilitar su nombramiento en la Corte Suprema, algo que el libelo califica de sumamente grave. Asimismo, la conexión entre Vivanco y Hermosilla se extiende al tercer capítulo, donde se la acusa de haber dado consejos y recomendaciones al abogado para la instalación de una segunda sala penal. Finalmente, el cuarto capítulo apunta a irregularidades en la tramitación de un caso relacionado con el consorcio Belaz Movitec Spa y Codelco. Esta es la segunda acusación que enfrenta Vivanco en menos de una semana, luego de que la Cámara aprobara otro libelo impulsado por la oposición. A su vez, el oficialismo y la DC presentarán este martes 15 de octubre una acusación similar contra el ministro Jean Pierre Matus, acusándolo de notable abandono de deberes, inhabilidades y pérdida de imparcialidad.
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
Este martes, la Cámara de Diputados se reunió para debatir la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. La polémica surgió a raíz de la revelación de conversaciones entre Matus y el abogado Luis Hermosilla, a pesar de que el ministro había negado haber mantenido dichos diálogos. Ante esto, la acusación se centraba en tres aspectos principales: la inhabilidad de Matus al tener vínculos con Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, así como su falta de veracidad y pérdida de imparcialidad. Sin embargo, tras más de dos horas de discusión en el Hemiciclo, la iniciativa fue rechazada con un resultado de 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. Asimismo, durante la sesión Matus defendió su postura, aclarando que nunca negó haber conversado con Hermosilla. Afirmó que la confusión se debía a un error de su parte sobre la existencia de ciertos chats, y subrayó:No tengo íntima amistad con el abogado Hermosilla. La íntima amistad implica una relación de cercanía familiar, que no existe entre nosotros. Finalmente, el debate sobre la acusación constitucional se torna relevante en un contexto donde la transparencia y la imparcialidad judicial son temas candentes en la política chilena, destacando las tensiones entre el poder judicial y el legislativo.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, quien ya había sido destituida por el pleno del máximo tribunal chileno. Con 131 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, el libelo aprobado busca inhabilitar a Vivanco de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Este es el segundo proceso que enfrenta Vivanco en el Congreso. La semana pasada, el mismo cuerpo legislativo había aprobado una primera acusación, impulsada por el oficialismo, que también involucraba al juez Sergio Muñoz. Aunque ambas acusaciones podrían tener consecuencias similares, la reciente remoción de Vivanco por parte de la Corte Suprema deja como única sanción la prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro. El caso ha generado gran polémica, particularmente por las revelaciones que la vinculan con el abogado Hermosilla. Según los diputados, Vivanco habría compartido información sensible sobre casos relacionados con Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba en el Ministerio del Interior. Además, se le acusa de haber colaborado con él para influir en el nombramiento de miembros de la Corte Suprema y de recibir recomendaciones para la organización de una sala en la corte. Asimismo, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la denominada trama Muñeca Bielorrusa, un conflicto que involucra a Codelco y una empresa extranjera.
La Cámara de Diputadas y Diputados votará este lunes la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, tras ser impulsada por las bancadas del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC). El documento, compuesto por cuatro capítulos, señala a Vivanco por un presuntonotable abandono de deberes y por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, actualmente imputado por delitos tributarios. Ante esto, el primer capítulo de la acusación sostiene que la exministra habría entregado información sobre causas relacionadas con Carabineros y Fuerzas Armadas antes de la firma y notificación de las sentencias. El segundo capítulo profundiza en la relación con Hermosilla, a quien Vivanco habría acudido para facilitar su nombramiento en la Corte Suprema, algo que el libelo califica de sumamente grave. Asimismo, la conexión entre Vivanco y Hermosilla se extiende al tercer capítulo, donde se la acusa de haber dado consejos y recomendaciones al abogado para la instalación de una segunda sala penal. Finalmente, el cuarto capítulo apunta a irregularidades en la tramitación de un caso relacionado con el consorcio Belaz Movitec Spa y Codelco. Esta es la segunda acusación que enfrenta Vivanco en menos de una semana, luego de que la Cámara aprobara otro libelo impulsado por la oposición. A su vez, el oficialismo y la DC presentarán este martes 15 de octubre una acusación similar contra el ministro Jean Pierre Matus, acusándolo de notable abandono de deberes, inhabilidades y pérdida de imparcialidad.
