En su solicitud, dirigida a las respectivas seremis, la parlamentaria busca conocer los protocolos actuales que se aplican en los colegios y el número de casos denunciados en lo que va del año, desglosados por comuna.Labra destacó la gravedad de dos recientes casos en la región: uno en el Liceo de Pelluhue, donde un exinspector fue condenado a 5 años y un día de cárcel, y otro en Sagrada Familia, donde un profesor fue sentenciado a 10 años y un día por abusar de dos alumnas. Ante estos hechos, solicitó conocer las medidas adoptadas y los protocolos de acción implementados en ambos casos.“Es indispensable reforzar el trabajo preventivo, mejorar los mecanismos de denuncia para que las víctimas se sientan seguras y garantizar el acompañamiento a las familias durante todo el proceso”, afirmó la diputada Labra.Este llamado busca que las instituciones adopten un rol más proactivo en la protección de las estudiantes frente a estos graves delitos.
“Sigo creyendo en la necesidad de otorgarle al Congreso una facultad de control político férreo para con los gobernadores. Hemos visto irregularidades en muchos gobiernos regionales de Chile, y junto con las sanciones administrativas y penales, hace falta hacer valer responsabilidades políticas, sobre todo cuando se trata de mal manejo de presupuestos millonarios”, señaló la diputada Labra. Labra también expresó su sorpresa y descontento ante el rechazo de algunos diputados de la UDI, lo que fue decisivo para que la moción no avanzara. “Nunca pensé que diputados de oposición no estarían por sancionar políticamente a los gobernadores regionales, más aún en conocimiento de lo que fue el escándalo de las fundaciones”, concluyó. Esta iniciativa demuestra el interés de Labra en reforzar los mecanismos de fiscalización y control sobre las autoridades regionales, con miras a una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
Es necesario dar señales contundentes de probidad y contra el narcotráfico de parte de las autoridades, subrayó Labra, quien también destacó que la Comisión de Gobierno Interior haya aprobado su idea original de que los resultados de los exámenes sean de carácter público, a pesar de los intentos de algunos parlamentarios por mantenerlos en secreto. En cuanto a la reserva de constitucionalidad presentada por el Partido Comunista (PC), que busca impugnar la obligatoriedad del test para candidatos, Labra indicó que se trabajará en perfeccionar esa disposición legislativa. Todo lo que se pueda corregir lo haremos dentro de nuestras facultades legislativas, afirmó. Finalmente, la diputada expresó su deseo de que este proyecto se convierta en ley durante el presente período legislativo, de modo que incluso el Presidente Gabriel Boric esté obligado a someterse al test de drogas.
Según la parlamentaria, esta medida afecta directamente a los pequeños y medianos agricultores, quienes deberán reemplazar sus antiguos tractores por modelos que cumplan con los nuevos estándares, los cuales son en promedio un 20% más caros. Los agricultores, especialmente en la región del Maule, ya enfrentan grandes desafíos como el aumento de los precios de fertilizantes, las recientes inundaciones y los reavalúos excesivos de los predios agrícolas. Este nuevo requerimiento medioambiental añade una carga económica considerable para el sector, señaló Labra. La diputada, coautora de dos proyectos de ley que buscan flexibilizar las exigencias para los tractores, destacó que el impacto del sector agrícola en las emisiones es relativamente bajo, representando solo el 11% a nivel nacional. Es necesario discutir estos proyectos y mostrar un compromiso real con la seguridad alimentaria del país, concluyó.
En su solicitud, dirigida a las respectivas seremis, la parlamentaria busca conocer los protocolos actuales que se aplican en los colegios y el número de casos denunciados en lo que va del año, desglosados por comuna.Labra destacó la gravedad de dos recientes casos en la región: uno en el Liceo de Pelluhue, donde un exinspector fue condenado a 5 años y un día de cárcel, y otro en Sagrada Familia, donde un profesor fue sentenciado a 10 años y un día por abusar de dos alumnas. Ante estos hechos, solicitó conocer las medidas adoptadas y los protocolos de acción implementados en ambos casos.“Es indispensable reforzar el trabajo preventivo, mejorar los mecanismos de denuncia para que las víctimas se sientan seguras y garantizar el acompañamiento a las familias durante todo el proceso”, afirmó la diputada Labra.Este llamado busca que las instituciones adopten un rol más proactivo en la protección de las estudiantes frente a estos graves delitos.
“Sigo creyendo en la necesidad de otorgarle al Congreso una facultad de control político férreo para con los gobernadores. Hemos visto irregularidades en muchos gobiernos regionales de Chile, y junto con las sanciones administrativas y penales, hace falta hacer valer responsabilidades políticas, sobre todo cuando se trata de mal manejo de presupuestos millonarios”, señaló la diputada Labra. Labra también expresó su sorpresa y descontento ante el rechazo de algunos diputados de la UDI, lo que fue decisivo para que la moción no avanzara. “Nunca pensé que diputados de oposición no estarían por sancionar políticamente a los gobernadores regionales, más aún en conocimiento de lo que fue el escándalo de las fundaciones”, concluyó. Esta iniciativa demuestra el interés de Labra en reforzar los mecanismos de fiscalización y control sobre las autoridades regionales, con miras a una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
Es necesario dar señales contundentes de probidad y contra el narcotráfico de parte de las autoridades, subrayó Labra, quien también destacó que la Comisión de Gobierno Interior haya aprobado su idea original de que los resultados de los exámenes sean de carácter público, a pesar de los intentos de algunos parlamentarios por mantenerlos en secreto. En cuanto a la reserva de constitucionalidad presentada por el Partido Comunista (PC), que busca impugnar la obligatoriedad del test para candidatos, Labra indicó que se trabajará en perfeccionar esa disposición legislativa. Todo lo que se pueda corregir lo haremos dentro de nuestras facultades legislativas, afirmó. Finalmente, la diputada expresó su deseo de que este proyecto se convierta en ley durante el presente período legislativo, de modo que incluso el Presidente Gabriel Boric esté obligado a someterse al test de drogas.
Según la parlamentaria, esta medida afecta directamente a los pequeños y medianos agricultores, quienes deberán reemplazar sus antiguos tractores por modelos que cumplan con los nuevos estándares, los cuales son en promedio un 20% más caros. Los agricultores, especialmente en la región del Maule, ya enfrentan grandes desafíos como el aumento de los precios de fertilizantes, las recientes inundaciones y los reavalúos excesivos de los predios agrícolas. Este nuevo requerimiento medioambiental añade una carga económica considerable para el sector, señaló Labra. La diputada, coautora de dos proyectos de ley que buscan flexibilizar las exigencias para los tractores, destacó que el impacto del sector agrícola en las emisiones es relativamente bajo, representando solo el 11% a nivel nacional. Es necesario discutir estos proyectos y mostrar un compromiso real con la seguridad alimentaria del país, concluyó.
