El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
cuestionando tanto los fundamentos de la medida como sus consecuencias para los actuales residentes del lugar. Frente a la expropiación anunciada por el gobierno sobre Villa Baviera, surgen varias interrogantes. La primera, ¿con qué plata el Estado de Chile va a iniciar el proceso de expropiación cuando hoy tenemos una gran deuda fiscal?, señaló el parlamentario gremialista. Benavente hizo hincapié en la situación de quienes actualmente habitan Villa Baviera, asegurando que no han sido considerados en la decisión. Lo mínimo es que se escuche a las personas que viven en Villa Baviera. Ellos no tienen la responsabilidad de lo que ocurrió hace años atrás. Por el contrario, son víctimas. Y además, viven en Villa Baviera y debieran ser escuchados porque cualquier medida expropiatoria, además de arbitraria, les afecta directamente en sus vidas, enfatizó. Finalmente, el diputado hizo un llamado al gobierno a reconsiderar su postura y a dialogar con los residentes antes de seguir adelante con la expropiación. No queremos más víctimas en Villa Baviera. No queremos que el gobierno también tenga sus propias víctimas en dicho lugar. Lo mínimo es que los escuchen, concluyó.
El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, destacó como un “avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado” la aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que obliga a acreditar la procedencia lícita de los recursos utilizados para financiar defensas judiciales en causas relacionadas con tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y otros delitos graves. La iniciativa, despachada ahora al Senado, fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, entre ellos Benavente. El proyecto prohíbe expresamente el pago en efectivo a abogados defensores, estableciendo como únicos medios válidos aquellos que aseguren trazabilidad, tales como transferencias electrónicas, cheques, vale vista o tarjetas bancarias. “Estamos cerrando una vía que durante años fue aprovechada por redes criminales para lavar dinero bajo la apariencia de gastos legales. Este proyecto garantiza transparencia, refuerza la probidad y fortalece el Estado de Derecho”, sostuvo el parlamentario gremialista, quien ha tenido un rol activo en la tramitación de la iniciativa. El texto legal también impone a los abogados la obligación de justificar el origen de los pagos al momento de concluir, renunciar o abandonar una defensa. El incumplimiento de esta normativa podrá derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional por hasta un año. Cabe destacar que esta obligación no aplica a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública. Adicionalmente, la normativa contempla una reforma a la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permitiendo al organismo informar sobre estos pagos cuando corresponda. También se extiende la exigencia de trazabilidad a otras concesiones judiciales, como la libertad bajo fianza. “El Estado no puede ser cómplice de quienes financian sus defensas con dinero sucio. Este proyecto es una señal firme de que estamos combatiendo con decisión al crimen organizado”, concluyó el diputado Benavente.
cuestionando tanto los fundamentos de la medida como sus consecuencias para los actuales residentes del lugar. Frente a la expropiación anunciada por el gobierno sobre Villa Baviera, surgen varias interrogantes. La primera, ¿con qué plata el Estado de Chile va a iniciar el proceso de expropiación cuando hoy tenemos una gran deuda fiscal?, señaló el parlamentario gremialista. Benavente hizo hincapié en la situación de quienes actualmente habitan Villa Baviera, asegurando que no han sido considerados en la decisión. Lo mínimo es que se escuche a las personas que viven en Villa Baviera. Ellos no tienen la responsabilidad de lo que ocurrió hace años atrás. Por el contrario, son víctimas. Y además, viven en Villa Baviera y debieran ser escuchados porque cualquier medida expropiatoria, además de arbitraria, les afecta directamente en sus vidas, enfatizó. Finalmente, el diputado hizo un llamado al gobierno a reconsiderar su postura y a dialogar con los residentes antes de seguir adelante con la expropiación. No queremos más víctimas en Villa Baviera. No queremos que el gobierno también tenga sus propias víctimas en dicho lugar. Lo mínimo es que los escuchen, concluyó.
