La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
