La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas acusadas de participar en un fraude informático y lavado de activos que afectó a BancoEstado por un monto superior a los $6 mil millones. Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios de la entidad, quienes habrían utilizado su acceso y conocimiento del sistema bancario para realizar transferencias indebidas. Ante esto, según el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, la investigación comenzó en agosto tras una denuncia presentada por BancoEstado.La empresa detectó falencias en el sistema de transferencia de cuentas rezagadas, en las cuales se acumulaban fondos que no eran revisados permanentemente, detalló el detective. Asimismo, los hechos ocurrieron entre 2021 y mediados de 2023, periodo en el cual los imputados realizaron transferencias por un total de $6.170.000.000 a dos personas sin relación con acreencias en el banco. La PDI también incautó parte del patrimonio de los implicados, incluyendo cuatro vehículos de alta gama. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte continuará investigando los hechos para determinar el destino del dinero y la posible implicación de otros involucrados.
Ambos están imputados por el delito de fraude reiterado al fisco, relacionado con la compra de insumos sanitarios durante la pandemia, tales como cloro, cajas de mercadería, test Covid-19 y mascarillas. El Ministerio Público, a través de la fiscal Carola D'Agostini, ha solicitado prisión preventiva para ambas autoridades, argumentando la gravedad de los hechos. No obstante, el abogado defensor, Sergio Contreras, ha refutado las pruebas y declaraciones presentadas por la fiscalía, abriendo así un debate que continuará en la próxima audiencia. El caso ha generado gran expectación en la comunidad de Linares, dado que los resultados de esta investigación podrían afectar significativamente la administración pública local.
La investigación se centra en supuestas irregularidades en la compra de bidones de cloro y kits de test rápido de Covid-19, compras que se habrían realizado entre 2020 y 2021, en plena pandemia. Un informe de la Contraloría General de la República reveló sobreprecios significativos en estas adquisiciones, lo que ha provocado la preocupación de la comunidad local y ha puesto en duda la integridad de la gestión municipal. Según el informe, se pagaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, un 76% más caro que el precio de mercado, y $64.260.000 por 3.000 kits de test rápido, con un sobreprecio del 76,7%. Además del alcalde Meza, se investigará a 7 funcionarios y exfuncionarios municipales, incluido el director de Dideco, Jhon Sancho, quienes habrían favorecido a ciertas empresas con contratos millonarios. Este caso ha generado expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el impacto que este proceso podría tener en la administración pública local y la confianza de la ciudadanía. Meza, quien ha presentado su renuncia para postularse a un nuevo mandato en las próximas elecciones, ha calificado este proceso como un ataque político y ha asegurado que se defenderá en las instancias correspondientes.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas acusadas de participar en un fraude informático y lavado de activos que afectó a BancoEstado por un monto superior a los $6 mil millones. Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios de la entidad, quienes habrían utilizado su acceso y conocimiento del sistema bancario para realizar transferencias indebidas. Ante esto, según el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, la investigación comenzó en agosto tras una denuncia presentada por BancoEstado.La empresa detectó falencias en el sistema de transferencia de cuentas rezagadas, en las cuales se acumulaban fondos que no eran revisados permanentemente, detalló el detective. Asimismo, los hechos ocurrieron entre 2021 y mediados de 2023, periodo en el cual los imputados realizaron transferencias por un total de $6.170.000.000 a dos personas sin relación con acreencias en el banco. La PDI también incautó parte del patrimonio de los implicados, incluyendo cuatro vehículos de alta gama. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte continuará investigando los hechos para determinar el destino del dinero y la posible implicación de otros involucrados.
Ambos están imputados por el delito de fraude reiterado al fisco, relacionado con la compra de insumos sanitarios durante la pandemia, tales como cloro, cajas de mercadería, test Covid-19 y mascarillas. El Ministerio Público, a través de la fiscal Carola D'Agostini, ha solicitado prisión preventiva para ambas autoridades, argumentando la gravedad de los hechos. No obstante, el abogado defensor, Sergio Contreras, ha refutado las pruebas y declaraciones presentadas por la fiscalía, abriendo así un debate que continuará en la próxima audiencia. El caso ha generado gran expectación en la comunidad de Linares, dado que los resultados de esta investigación podrían afectar significativamente la administración pública local.
La investigación se centra en supuestas irregularidades en la compra de bidones de cloro y kits de test rápido de Covid-19, compras que se habrían realizado entre 2020 y 2021, en plena pandemia. Un informe de la Contraloría General de la República reveló sobreprecios significativos en estas adquisiciones, lo que ha provocado la preocupación de la comunidad local y ha puesto en duda la integridad de la gestión municipal. Según el informe, se pagaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, un 76% más caro que el precio de mercado, y $64.260.000 por 3.000 kits de test rápido, con un sobreprecio del 76,7%. Además del alcalde Meza, se investigará a 7 funcionarios y exfuncionarios municipales, incluido el director de Dideco, Jhon Sancho, quienes habrían favorecido a ciertas empresas con contratos millonarios. Este caso ha generado expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el impacto que este proceso podría tener en la administración pública local y la confianza de la ciudadanía. Meza, quien ha presentado su renuncia para postularse a un nuevo mandato en las próximas elecciones, ha calificado este proceso como un ataque político y ha asegurado que se defenderá en las instancias correspondientes.
