Por José Navarrete Oyarce (director del magíster en Tributación Universidad Andrés Bello)
La última de cuatro alzas en el precio de la electricidad anunciadas desde el primer trimestre de este año llega con enero de 2025. Este proceso, iniciado tras el descongelamiento de las tarifas eléctricas, ha implicado ajustes progresivos en junio, julio y octubre, acumulando un impacto significativo en los presupuestos familiares y también empresariales. De acuerdo con el Informe Técnico Preliminar de Precios de Nudo Promedio (PNP) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el incremento total desde abril supera el 50%, aunque algunos expertos elevan la cifra hasta un 60%, dependiendo de la región.
El proceso de ajuste tarifario tiene su origen en la crisis energética de los últimos años. Durante el estallido social, el gobierno del presidente Piñera optó por congelar las tarifas para evitar un aumento inmediato, lo que generó una deuda acumulada con las generadoras de electricidad. Este mecanismo, si bien fue efectivo a corto plazo, creó una presión financiera insostenible, llevando al actual gobierno a descongelar los precios y asumir las consecuencias. La deuda original, que tenía un límite de 1.350 millones de dólares, fue ampliada hasta 5.500 millones por la administración actual, pero la mantención indefinida de este esquema resultó inviable.
Para los hogares, las consecuencias se traducen en ajustes obligados en los presupuestos familiares, especialmente para aquellos que dependen de dispositivos eléctricos en sus actividades diarias. Las tarifas eléctricas para consumidores residenciales subirán un 10% en enero de 2025, acumulando alzas superiores al 50% desde el descongelamiento. Valparaíso será la región más afectada, con un aumento promedio del 17%, llevando las cuentas familiares de $39.000 en mayo a $68.864 en enero. En Santiago, el alza será del 13%, mientras que otras ciudades como Antofagasta y Temuco registrarán incrementos entre un 10% y un 15%. Las familias enfrentarán mayores costos en sus presupuestos, destacando la urgencia de medidas para mitigar el impacto económico.
Este fenómeno afecta desproporcionadamente a la clase media,frecuentemente queda fuera de los subsidios,ya las familias más vulnerables,cuyo consumo básico ya es limitado.En este contexto,el gobierno ha propuestoun subsidio dirigidoal40% demayor vulnerabilidadenel Registro Socialde Hogaresbeneficiando a1,5millones declientes.Sin embargo,
Fuente: Séptima Página Crónica
